La vivienda familiar suele ser uno de los puntos más delicados en un divorcio. No se trata solo de una casa. Muchas veces es el lugar donde han vivido los hijos, donde se ha organizado la vida familiar y donde existen cargas económicas importantes, como hipoteca, alquiler, suministros o gastos de comunidad.
Por eso, cuando una pareja se divorcia, una de las preguntas más habituales es: en el divorcio, quién se queda con el uso de la casa. La respuesta depende de las circunstancias del caso. No existe una regla simple que pueda aplicarse igual a todas las familias.
El criterio determinante suele ser la atribución de la custodia de los hijos. Si la custodia se atribuye a uno solo de los progenitores, el uso de la vivienda se atribuirá a dicho progenitor custodio. Y si la custodia es compartida, pero las situaciones económicas de ambos progenitores son muy dispares, puede entrar en juego, al atribuir el uso de la vivienda, el criterio del cónyuge más necesitado de protección. Es recomendable contactar con un abogado para revisar el caso.
El uso de la vivienda familiar no se decide por la propiedad
Un error frecuente es pensar que se queda en la vivienda quien aparece como propietario. La propiedad es importante, pero en procedimientos de familia el uso de la vivienda puede atribuirse atendiendo a otros factores.
Por ejemplo, cuando hay hijos menores, la vivienda puede vincularse a la necesidad de dar estabilidad a los menores y a quien queda a su cuidado en determinadas circunstancias.
Esto no significa que la propiedad desaparezca. Una cosa es ser propietario y otra distinta es tener atribuido el uso de la vivienda durante un tiempo o bajo determinadas condiciones.
Cuando hay hijos menores
Si existen hijos menores, la decisión sobre la vivienda suele estar muy relacionada con las medidas sobre guarda y custodia.
Cuando se atribuye la custodia a uno de los progenitores, puede valorarse que el uso de la vivienda familiar quede vinculado a los hijos y al progenitor custodio. En casos de custodia compartida, la solución puede variar mucho dependiendo de la situación económica, la propiedad de la vivienda, las necesidades de los menores y la viabilidad de otras alternativas.
No se trata de aplicar una fórmula automática. Hay que estudiar qué solución resulta más razonable en función de la familia.
Vivienda en propiedad
Si la vivienda es propiedad de ambos cónyuges, el uso puede atribuirse a uno de ellos, pero la titularidad sigue siendo la que corresponda. Esto puede generar dudas sobre quién paga la hipoteca, los gastos de comunidad, el IBI, los seguros o las reparaciones.
Por eso, el Convenio regulador o la resolución judicial debe intentar dejar claro cómo se asumen esas cargas. Si no se concreta bien, pueden surgir conflictos posteriores. Una persona puede estar usando la vivienda mientras ambos siguen siendo propietarios y, si firmaron la hipoteca, deudores frente al banco.
Vivienda con hipoteca
Cuando existe hipoteca, el asunto se complica. La atribución del uso no elimina la obligación de pago frente al banco. Aunque una parte use la vivienda, si ambos firmaron el préstamo hipotecario, ambos siguen obligados frente a la entidad financiera, salvo que se produzcan cambios aceptados por el banco, cual la liberación como deudor de uno de los cónyuges.
Por eso, antes de pactar el uso de una vivienda hipotecada, conviene revisar bien la escritura, las cuotas, los ingresos de cada parte y la capacidad real de asumir los pagos.
Vivienda alquilada
Si la vivienda familiar es de alquiler, también hay que revisar el Contrato y la situación de las partes. Puede ser necesario valorar quién continúa en la vivienda, cómo se comunica al arrendador y qué consecuencias tiene el cambio.
No conviene improvisar, porque el Contrato de arrendamiento puede tener sus propias condiciones. En estos casos, además de las medidas familiares, hay que tener en cuenta la relación contractual con el propietario, y estudiarla y regularla adecuadamente.
Divorcio y vivienda
En una separación matrimonial, la vivienda también puede ser un punto central. Aunque la pareja todavía no haya dado todos los pasos definitivos, conviene regular quién vive en la casa, cómo se pagan los gastos y qué ocurre con hijos, hipoteca o alquiler.
Dejar la situación en el aire puede provocar discusiones y problemas económicos. Por eso, antes de aceptar una propuesta sobre la vivienda, conviene revisar sus consecuencias prácticas y jurídicas.
Si no hay hijos
Cuando no hay hijos menores, la atribución del uso de la vivienda suele analizarse de otra forma. Pueden valorarse circunstancias como la titularidad, la necesidad de protección de una de las partes, la situación económica y la posibilidad de acceder a otra vivienda.
Cada caso debe estudiarse con detalle, especialmente si la vivienda es común o existen cargas pendientes.
El Convenio debe concretar gastos y duración
Si el divorcio se tramita de mutuo acuerdo, el Convenio regulador debería regular con claridad quién usa la vivienda, durante cuánto tiempo, quién paga suministros, comunidad, hipoteca, alquiler, reparaciones y otros gastos.
También conviene prever qué ocurre si cambian las circunstancias, si los hijos alcanzan determinada edad, si se vende la vivienda o si una de las partes deja de pagar.
Cabe incluso pactar la adjudicación de la vivienda a uno solo de los cónyuges, compensando al otro cónyuge. Tal opción de extinguir el condominio por medio de Convenio, y no de escritura pública notarial, es, además, una opción fiscal y tributariamente óptima.
Lo importante sobre la casa en el divorcio
Quién se queda con la casa en el divorcio depende de varios factores: hijos, custodia, propiedad, hipoteca, alquiler, situación económica y medidas acordadas o fijadas judicialmente.
No conviene resolver esta cuestión con una respuesta rápida. La vivienda puede condicionar la economía y la organización familiar durante mucho tiempo. Por eso, antes de aceptar una propuesta o firmar un Convenio, conviene estudiar bien las consecuencias.
La decisión sobre la vivienda no debe aislarse del resto de medidas
La vivienda no puede analizarse de forma separada del resto del divorcio. Está relacionada con la custodia, la pensión de alimentos, las cargas familiares, la capacidad económica y la posibilidad real de que cada parte reorganice su vida.
Por eso, una propuesta sobre la vivienda puede parecer razonable en abstracto y no ser viable cuando se revisan los ingresos, los gastos o la hipoteca. También puede ocurrir lo contrario: una solución que parece incómoda al principio puede ser la más ordenada para los hijos.
Un buen abogado te facilitará eso: las mejores soluciones globales y de conjunto.
